En la actualidad el Sistema Judicial Venezolano a sufrido varios desniveles al pasar del los años, debido a la inestabilidad tanto como social y gubernamental en la que estamos atravesando estos días ya que no hay duda de que el país necesita acometer el problema que representa el desprestigio en que está sumido el Poder Judicial, tanto desde el punto de vista de su capacidad jurídica como desde el punto de vista ético del ciudadano, en efecto es necesario llenar el vacío ocasionado en los entes públicos venezolanos y sistemas judiciales, la crisis surge debido a la sobrecarga de los tribunales, en otro aspecto también es a causa de sus alto costo, pero unos de los puntos mas importante al momento de definir La Degradación del poder venezolano, surge porque la gente no confía en el sistema legal actual, es preciso reducir los costos y la pérdida de tiempo para los ciudadanos al momento de dirigirse a algunos de estos entes,  basta recordar que aproximadamente 85% de la población carece de acceso a una justicia que percibe como ajena, hostil, impagable e incomprensible, que hay decenas de miles de expedientes esperando sentencia y que todo contacto con el poder judicial involucra la gran inseguridad, las largas demoras y los altos costos que ocasionan unos tribunales sub-dotados de recursos humanos, materiales y presupuestarios, aferrados a procedimientos arcaicos y a menudo concentrados en Caracas en instalaciones precarias. En otro plano, aunque evidentemente no se puede culpar al sistema judicial de la crisis de gobernabilidad que atraviesa el país, las consecuencias políticas del descrédito de otras instituciones se ven magnificadas debido a la reducida credibilidad del poder judicial como instancia confiable, válida e independiente para procesar los reclamos y las demandas de la ciudadanía. Los procedimientos alternativos en perspectiva. Dado que los desacuerdos y conflictos son una parte normal de la convivencia y, por ende, casi inevitables, las sociedades tradicionales y comunidades cohesivas desarrollaron procedimientos consistentes con sus valores para resolver las disputas entre sus miembros. En este sentido, siempre existieron "procedimientos alternativos" de conciliación, mediación y arbitraje por parte de las familias, de los sacerdotes u otras figuras con autoridad o de la comunidad en su conjunto, encaminados a evitar tanto los enfrentamientos como la necesidad de acudir a las instancias superiores y ajenas.

Todas estas consideraciones en torno a la justicia conducen a la conclusión de que es preciso buscar otras alternativas (redescubrir y adaptar antiguos procedimientos, mejorar los existentes o inventar unos nuevos). Pero a menudo esa conclusión también se vincula con una problemática más amplia. La inaccesibilidad de los sistemas judiciales, la desconfianza en sus procedimientos y las dudas sobre la confiabilidad de sus resultados contribuyen a la percepción negativa de los sistemas políticos y los gobiernos, su ineficiencia e ineficacia, así como su lejanía de las necesidades específicas de la sociedad y de los individuos nutriendo el sentido de impotencia y la apatía ciudadana. Este cuadro, que forma parte de las "crisis de gobernabilidad" que se presenta a nivel mundial, es otra justificación para la creación de distintos procedimientos para la resolución de conflictos. Estos tienen el potencial de ofrecer nuevas modalidades de participación a las comunidades y a los ciudadanos, modalidades que proporcionen la oportunidad para el aprendizaje y permiten que las personas sean "copropietarias" de las decisiones que afectan su vida. Tienen, en otras palabras, un potencial para impulsar la transformación, al promover la autoestima y la potenciación individual y, a la vez, el respeto por los demás.